MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA ¡CORDOBA CIUDAD DESPIERTA!

Córdoba, Enero de 2009


MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA ¡CORDOBA CIUDAD DESPIERTA!



El 12 de octubre de 1492 se dio un primer paso para el atropello y avasallamiento de todo un continente, para saquear todo lo que se consideraba de valor a sus muchas y “honorables” coronas…tierra, oro, plata, esclavos, especias… cometiendo para ello un genocidio, impune hasta nuestros días y sobre el cual se debe pedir la reparación por el daño causado.

El paso del tiempo delimitó países, destruyó y aculturó pueblos, impuso economías, definió poderosos y sometidos, ricos y pobres, países del primer y tercer mundo…en un mismo planeta. Pero en América o Abya Yala la herida está abierta desde hace más de 500 años, aún no se cura. América tiene grandes tesoros en su territorio y en sus culturas. Ahora las multinacionales vienen con avidez por ellos: Megaminería y Agronegocios.

Los pilares que enmarcan estos mega emprendimientos son el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas) y el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) los cuales posibilitan la organización económica de éste y otros negociados. El ALCA proponía la liberalización del comercio mundial de servicios, incluso todos los programas públicos, para eliminar gradualmente todas las barreras gubernamentales contra la competencia internacional en el
sector de los servicios. Este acuerdo surgido secretamente en 1984 no pudo consolidarse al hacerse evidente la acción de los movimientos sociales que lo denunciaron a nivel local, regional e internacional. La movilización popular a lo largo de muchas ciudades en América Latina, logró frenar ese acuerdo. Pero las intenciones de dominación Norte-Sur persisten esperando el momento propicio para imponerse a través de gobiernos corruptos e instituciones funcionales a los poderes transnacionales, en una clara continuidad del modelo neoliberal que propende al saqueo de los recursos naturales de los países no industrializados.

El IIRSA, es una propuesta presentada por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y el CAF (Corporación Andina de Fomento) en la reunión de presidentes de América del Sur en Brasilia en el año 2000, aceptada por 12 gobiernos latinoamericanos. Esta Iniciativa, responde a la necesidad de crear la infraestructura de rutas, ferrocarriles, hidrovías, puentes, gasoductos, oleoductos, acueductos, telecomunicaciones, a la altura y necesidades de los mega emprendimientos que las utilizarán para explotar y exportar las riquezas naturales. El costo de estas infraestructuras las deben pagar los estados nacionales, que se endeudan para construirlas en lugar de mejorar la calidad de vida de su propia población.

En la Argentina, durante la presidencia de Carlos Menem (década del 90) se aprobó un “paquete” de leyes que incentivan la actividad minera. Leyes elaboradas por las mismas empresas interesadas en sus respectivos países de origen ( Canadá, EEUU, Suiza) a la medida de sus necesidades, impuestas y aprobadas a “carpeta cerrada” por la política corrupta de entrega de entonces, y avalada por la actual gestión gubernamental de Cristina de Kirchner, que vetó la ley de glaciares sancionada por unanimidad en el Congreso de la Nación, dando vía libre a Pascua-Lama, proyecto binacional argentino chileno, continuando la política de entrega de los bienes comunes.

Tanto la minería metalífera contaminante a cielo abierto como la minería de uranio son sociedades macabras entre las ciencias Geológica y la Química: la primera se ocupa de minerales de baja ley o sea diseminados en pequeñísimas cantidades y que mientras más se dinamite y socave, más dinero van a ganar, ya que sólo 1 gramo por tonelada de montaña destruida es un negocio rentable para estas compañías transnacionales. La roca dinamitada y molida se procesa con millones de litros de agua (cien millones por día) mezclada con toneladas de cianuro de sodio y otros tóxicos (acido clorhídrico, soda cáustica, litargirio, etc.) para separar el oro diseminado.

¿Por qué se usa cianuro? Porque le asegura máxima eficiencia y mayores ganancias a la empresa, no les importa si los residuos son mortales, los drenajes ácidos, o que los metales pesados se depositen en los diques de cola, y cientos de millones de litros de agua contaminada y escombreras, no sean un problema preocupante ¡La legislación lo permite y ampara a estas empresas!

Es conveniente destacar, que el oro en su mayor parte extraído con estos procedimientos y con tales consecuencias, es utilizado principalmente para ser atesorado en las bóvedas de los bancos. En otras palabras para acumular y acumular, careciendo de sentido vital y social.

Tal como ocurre con la explotación de oro, la extracción de uranio requiere de cientos de millones de litros de agua por día, que se contaminan con metales pesados y emiten gas radón radiactivo al medioambiente. La explotación minera contamina gravemente durante su explotación y durante su utilización en centrales nucleares de alta peligrosidad, además de proveer material para armamentos capaces de exterminar poblaciones enteras o armas sucias con material radiactivo. Reconocemos su aplicación en medicina, pero no permitiremos ni tampoco seremos cómplices de más decisiones sin consenso social que prioricen lo económico por sobre la vida en todas sus formas y lugares de nuestra Pacha Mama (Madre Tierra).

NADA puede convivir con las actividades de la megaminería ni durante ni después, por su gravísima destrucción y contaminación del suelo, flora y fauna, en el agua, en el aire, en la economía, en la vida y la salud. Por este nivel de atropello a los derechos humanos es que hablamos de GENOCIDIO.

¿Cuál es la respuesta del Estado Argentino? NINGUNA. Por el contrario, cada vez hay mayor compromiso del gobierno con las empresas mineras. Este y no otro ha sido el motivo por el cual la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la Ley (#26418) de Protección de los Glaciares.

La ley vigente expresa que “cada una de las 24 provincias que forman el país son libres de explotar sus recursos de la manera que consideren más conveniente” lo cual permite relajar las condiciones de aplicabilidad de la ley de acuerdo a las disposicones de gobiernos provinciales corruptos en connivencia con los empresarios mineros, e inclusive agregan beneficios a las empresas y ayudan a promocionarlas con mentiras presentándolas como generadoras de trabajo, “progreso” y bienestar para las poblaciones, aprovechándose de su precaria situación social: pueblos desde hace años descuidados por el estado, sin trabajos dignos, sin servicios de salud ni de educación son pasto fácil de las falsas promesas de las empresas multinacionales de la megaminería. En este marco no es difícil encontrar mano de obra barata, que hasta defienden a las mineras a pesar de las consecuencias negativas de la actividad. Esta disgregación social manipulada por las empresas mineras, se continua acentuando cuando da “asistencia y apoyo” (en realidad es un instrumento de engaños sobre las bondades de la minería) a escuelas, dispensarios, bibliotecas, ganando y comprando voluntades, inclusive en las universidades a través de subsidios para la investigación, becas y donaciones.

Estas mismas acciones se han repetido con éxito en muchas provincias, con gobernantes cómplices que responden a estos grandes intereses dejando de lado a la gente que los eligió. Tal es el caso del gobernador de Chubut, Mario Das Neves quien ofreció los yacimientos minerales de su provincia a empresas mineras canadienses (empresa Aquilene, Proyecto Navidad), y de Beder Herrera, el gobernador de La Rioja, que abolió la ley que prohibía la mega explotación minera en su provincia después de haber sido su artífice para ganar votos durante su campaña política.

Frente a esta realidad que acecha cualquier rincón del país, se empezaron a formar “agrupaciones de vecinos autoconvocados”, de funcionamiento muy simple y claro: son espacios de reflexión, horizontalidad y consenso. Son herramientas organizacionales de lucha apartidarias, con un alto grado de responsabilidad y solidaridad grupal. Sus acciones tienen como objetivo despertar la conciencia de todos los sectores de la ciudadanía frente a los problemas que los aquejan, e incidir políticamente para la liberación de nuestros pueblos. No son ONGs, ni fundaciones, no reciben fondos que condicionen los ideales de lucha: las decisiones son de las Asambleas.

El enfrentamiento entre las empresas mineras y los asambleístas en las distintas provincias no se da de igual manera, aunque tienen muchos problemas en común, y hacen recordar la época de la dictadura militar: los medios masivos de comunicación les dan la espalda, se censura la información, se persigue a todo aquel que intente alertar sobre el tema, tienen intervenidos los teléfonos y las cuentas de e-mail, se los amenaza, se allanan sus viviendas; a pesar de ello no consiguen desmoralizarlos, por el contrario persisten en su lucha, sosteniendo sus convicciones y defendiendo derechos ya consagrados en la Constitución Nacional, (artículo 41). En el ámbito de la Justicia las Asambleas tienen un gran respaldo en el fiscal Antonio Gómez, quien procesó al vicepresidente de minera La Alumbrera, de la empresa canadiense Barrick Gold, Julián Rooney, por contaminación y contrabando. Sin embargo, ante las fuertes presiones políticas que ejercen estas multinacionales, el Fiscal Gómez está sufriendo la amenaza de ser destituido de su cargo por el falaz argumento de que se ha excedido en sus funciones.


Las victorias obtenidas por los asambleístas en algunas provincias, al conseguir leyes que los amparen de las explotaciones mineras a cielo abierto, los alienta para perseverar en la lucha, porque ésta es una problemática nacional, latinoamericana y mundial.

Las asambleas se proponen trabajar coordinadamente para articular esfuerzos. Están agrupadas en la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas), que a nivel nacional en Argentina funciona en forma redes de contactos, información, aprendizaje, resistencia, construyendo un camino alternativo de resistencia popular. Su objetivo es, entre otros enunciados públicamente, anular y derogar la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.

Las Asambleas hacen un llamado de solidaridad nacional, regional e internacional a quienes, desde otros países, culturas y paisajes, quieran y exijan que se respeten los Derechos Humanos en Argentina, Latinoamérica y todo el Planeta, sin concesiones.




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